POLÍTICA CRIMINAL EN ESPAÑA: LA METAMORFOSIS DE LAS VÍCTIMAS Y LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

17 de febrero de 2018 de Antidistopica 2 comentarios

A lo largo de la Historia, la víctima de un delito ha experimentado una evolución en su papel en el proceso penal. Antiguamente la ley que imperaba en la resolución de un delito era la del “ojo por ojo, diente por diente”, es decir, era abordado como un asunto privado. En los tiempos modernos, la separación de poderes ha ocasionado que el asunto de la delincuencia haya pasado a la esfera pública.

Actualmente la víctima es considerada un sujeto activo en el hecho criminal con derecho a la participación en el proceso y a la reparación del daño sufrido.

La víctima, como persona que está muy dañada, tiene que ser ayudada y atendida, teniendo derecho a que el Estado destine recursos para paliar las consecuencias psicológicas (miedo, estrés postraumático, victimización social e institucional), clínicas y económicas causadas por del delito sufrido.

Sin embargo, a pesar de que el Estado vela por el bienestar de la víctima, ésta sufre una metamorfosis ideológica como consecuencia del sentimiento de dolor y odio hacia el delincuente, que le lleva a cambiar su forma de pensar y le crea una necesidad visceral de venganza.

Todo castigo es pequeño para saciar esta necesidad de la víctima, alimentada por el dolor y la rabia, y acentuada por el tratamiento sensacionalista que dan los medios de comunicación a los casos de delincuencia que, de paso, crean un deseo social de represalia.

Los medios de comunicación tienen un papel preponderante tanto en la metamorfosis cualitativa de las víctimas y de la opinión pública, como en la sensación de seguridad/inseguridad de la ciudadanía. Los programas de Televisión, las entrevistas a las víctimas, las noticias sobre delitos,… son tratados de manera sesgada y bastante exagerada, enfocando solo el punto de vista de las víctimas, y obviando en todo momento los derechos del delincuente a reinsertarse y a una segunda oportunidad, finalidad última de la política penal, acrecentando el odio de las víctimas y generando un miedo social irracional. Como consecuencia de este clima, las personas cuyas ideas giran a favor de la reinserción son señaladas como si se hubiesen colocado del lado del delincuente en vez de al lado de las víctimas, lo cual es radicalmente falso. Son muchos los profesionales del Derecho y de prisiones los que ven mayor beneficio social a incentivar la reinserción que al incremento de las penas.

Además de la influencia de los medios de comunicación en la metamorfosis de las víctimas, tiene vital importancia también otro factor: la utilización política de la política criminal.

En 1995 el Congreso aprobó un nuevo CP, basado en la reducción de condenas y en la reinserción. Su aprobación contó con amplia mayoría y la abstención del PP. A partir de esta fecha, junto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el PP empezó a pedir el aumento de las penas y a hacer una fortísima campaña para alinear a la opinión pública con esta idea. Poco a poco la opción de meter a alguien en la cárcel de por vida, se convirtió en una posibilidad reforzada por las manifestaciones y recogidas de firmas organizadas por padres/madres de niñ@s víctimas de asesinatos y apoyadas por el PP. Su estrategia electoral se alineó con esta idea: “Somos duros con los delincuentes”.

Se endureció el CP en 2010, de la mano del PSOE, pero al PP aún no le pareció suficiente y siguió remando a favor de que se aprobara la Prisión Permanente Revisable (en adelante PPR) como símbolo de un gran logro para la sociedad. Así, argumentando el apoyo social, lo introdujo en su programa electoral.

Con las elecciones ganadas, y pese a que el número de asesinatos en nuestro país se había reducido de 518 en 2005 a 302 en 2015, la PPR fue aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del PP, pero sin el apoyo de ningún grupo parlamentario más. Según el nuevo CP, <<se introduce la PPR para delitos de extrema gravedad, en la que los ciudadanos reclaman una pena proporcional al hecho cometido>>. Así, nuestros actuales gobernantes han legislado en base a la necesidad de venganza de las víctimas, dándoles un papel determinante en la elaboración de las normas. Les dan su apoyo cumpliendo su deseo de condenar a más prisión a los asesinos.

Antes mencionábamos que a las víctimas hay que atenderlas, como no puede ser de otra forma, pero no deben tener un peso específico en la elaboración de cualquier norma que regule conductas delictivas, o en establecer un catálogo de penas. Los gobernantes tienen su papel, y deben saber colocarse en un punto de racionalidad a la hora de establecer la política criminal. Bajo mi punto de vista, con la aprobación de la PPR se le otorgó a la víctima el papel de legislador. Según los barómetros, más de la mitad de los españoles piensa que el PP está utilizando electoralmente la PPR.

Tras la aprobación de la PPR, algunos pensaron que se había hecho justicia pero, para muchos catedráticos de Derecho, en la PPR no hay justicia, sino venganza. Justicia y venganza deberían excluirse en la reforma de los códigos. Es cierto que hay asesinatos más mediáticos e impactantes, pero la alarma social no es un criterio jurídicamente legitimo. Los criminales con especiales necesidades de atención, en la búsqueda de su reinserción, tienen que tener una respuesta en forma de recurso por parte del Estado.

La población piensa que cuanto más dura es la pena, menos delitos se consuman, pero las cifras dicen lo contrario. El ciudadano no puede esperar delincuencia 0% porque no existe tal posibilidad. Siempre habrá delincuencia, siempre habrá riesgo y siempre habrá víctimas. Según las cifras, el índice de reincidencia en delitos menos graves es de un 50%, mientras que en los delitos más graves apenas asciende al 10%. Si la población tuviera datos sobre la reinserción real (90% 3n delitos muy graves), si los medios de comunicación pusieran el foco más sobre los éxitos que sobre los fracasos, la ciudadanía estaría más posicionada a favor de la reinserción y tendría más confianza en la capacidad de las instituciones de “recuperar” a una persona para la sociedad.

Pese a que la metamorfosis de las víctimas sea implacable con el reo, la sociedad debe tener muy presente que las personas delincuentes necesitan esperanza para poder reinsertarse. La reinserción no es fácil, y el Estado debe poner más medios, más profesionales en las prisiones para actuar en cada caso como sea pertinente. Si una persona no tiene esperanza, si no ve posibilidad de tener una oportunidad, es más difícil la reinserción. En realidad, 20 años en la cárcel son muchos años. 20 años en prisión deben ser como 40 en libertad. El tiempo no puede ir a la misma velocidad en prisión y en la calle. Tanto tiempo, unido al apoyo de los profesionales (psicólogos-forenses, educadoras, etc…) suelen ser suficientes para rehabilitar a la mayoría de delincuentes. Si al trabajo de los profesionales de prisión uniésemos una política criminal encaminada a dar una segunda oportunidad a la persona que delinque, tendríamos aún mayor índice de reinserción que el 90% actual.

Otros países europeos ya tenían la PPR antes que nosotras. El Tribunal de Derechos Humanos no pone reparo a una PPR, siempre que existan garantías ciertas para el reo sobre su revisabilidad. En el caso de España, nuestro país tiene menor índice de delincuencia que otros países europeos, sin embargo, nuestro CP es más duro: si hay condena de PPR, no se da la revisión del caso hasta los 25 años, mientras que en el resto de países es a los 15. Nuestra PPR fue llevada ante el Tribunal Constitucional por haber serias dudas sobre su constitucionalidad. Mientras se pronuncia (lleva más de 2 años reflexionando), esta última semana está habiendo de nuevo un intenso debate en torno a la PPR, debido a que se ha pedido su derogación por parte de la oposición.

Mientras se suceden los acontecimientos, debemos hacer una reflexión sobre el deber de auto-limitación del Estado y nuestra responsabilidad en exigirla. El Estado tiene que estar auto-limitado en la represión de los delitos, aunque suponga perder en eficacia, ya que no existe el riesgo 0. También la sociedad debe auto-limitarse y exigir que sean personas con criterio las que redacten las normas e impartan justicia, sin olvidar los derechos de los delincuentes. Cuando la PPR nos parezca insuficiente para saciar la sed de venganza de las víctimas, ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿La pena de muerte?